Exigen que se reconozcan los servicios de UPR como esenciales

Por: Natalia P. Cuadrado
Foto: Adrián Rivera Ferrán

Una petición, que circula mediante la plataforma Google Forms, busca que, al amparo de la Sección 201 inciso (B) de la ley federal PROMESA, se designen como esenciales los servicios educativos que ofrece la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La solicitud —que incluso fue compartida a través de las redes sociales del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá— va dirigida al gobernador Ricardo Rosselló, a la Junta de Control Fiscal (JCF) y a la jueza federal, a cargo del proceso de reestructuración de la deuda del Gobierno de Puerto Rico, Laura Taylor Swain.

En ella, se explica que la sección 201, inciso (B) de la Ley Publica 114-187 dispone que se tiene que “asegurar las asignaciones de los servicios públicos esenciales”. Sin embargo, al día de hoy, el gobierno de Puerto Rico reconoce que no tiene una definición de qué son “servicios públicos esenciales”, esto según la presentación original de su Plan Fiscal el 28 de febrero de 2016.

Asimismo, en la petición se argumenta que la falta de una definición de lo que son los servicios esenciales ha permitido que —en el Plan Fiscal propuesto por el gobernador Ricardo Rosselló y aprobado por la JCF— se dispongan recortes a la UPR. Dichos recortes afectarían los servicios educativos que ofrece la institución, así como su capacidad de repago a acreedores y bonistas.

El reclamo surge en vista del rol social y económico que juega la UPR como universidad del Estado, donde cerca del 60% de los estudiantes reciben la beca federal Pell y la mayoría de los admitidos provienen de familias con ingresos anuales de $30,000 o menos. La solicitud también destaca el hecho de que el ingreso familiar en Puerto Rico es menos de la mitad que el promedio en Estados Unidos. Por tanto, es menor el capital disponible para la educación universitaria en la isla.

La petición lee así:

“Los aquí firmantes creemos que los servicios educativos que ofrece la Universidad de Puerto Rico son esenciales para el presente y el futuro de Puerto Rico. Con nuestra firma y adhesión le pedimos y reclamamos al gobernador Ricardo Rosselló y a la Junta de Supervisión fiscal que enmienden el Plan Fiscal y reconozcan que la UPR provee servicios esenciales y que, en consecuencia, eliminen los recortes dispuestos. De ellos no actuar, solicitamos a la jueza Laura Taylor Swain, que en su evaluación de los procesos bajo el Título III concluya que el Plan Fiscal no cumple con lo dispuesto en la ley PROMESA, porque no define lo que son servicios esenciales y por, específicamente, tratar a la Universidad de Puerto Rio como un servicio no esencial”.

La UPR aprobó una huelga sistemática mediante voto en Asamblea Nacional de Estudiantes, el pasado 5 de abril de 2017. Los recintos de Río Piedras, Mayagüez, Cayey, Bayamón y Humacao han ratificado la huelga en sus respectivas asambleas. Esto en respuesta a un recorte que ronda los $512 millones y según favorecedores de la huelga, dejaría la institución inoperante.

 

  • Mildred Santiago

    Los servicios de la UPR son altamente esenciales porque: Además de las funciones educativas y responsabilidad de entregarle al País profesionales para su servicio y su desarrollo, la UPR cumple funciones sociales tales como el cuidado de la salud, porque es dueña de hospitales y subsidia su operación. Asesora, apoya y envía sus recursos técnicos al Centro Comprensivo de Cáncer, y a otras instituciones. Apoya los recursos naturales mediante el Programa de Sea Grant; realiza servicios de Extensión Agrícola, y asiste al conocimiento mediante la Red Sísmica, entre otros. De la misma forma, la UPR realiza servicios que pudieran ser cobrados por las agencias del Gobierno, las cuales no le pagan, lo que aumenta las cuentas a cobrar. Entre 2013 a 2015, los estados auditados de la UPR muestran que se echaron como cuentas incobrables la cantidad de $550 millones que le deben estas agencias gubernamentales a la UPR.
    La UPR ha rendido frutos a nuestra sociedad y economía, sin adentrarse en la ecuación de ganancia o sobrante. Tiene profesores a tiempo completo y bajo un sistema de pensiones de la misma Universidad.
    Mediante la Ley 112-1997 crea Servicios Médicos Universitarios, Inc., una corporación sin fines de lucro adscrita al Recinto de Ciencias Médicas para operar el hospital de la UPR, Dr. Trillas de Carolina. El costo de Dr. Trillas fue $36 millones. La misma casa de clasificación del crédito Moody’s (12 de marzo de 2015), reconoce a esta corporación como un “safety net” (salvaguarda social), porque atiende a personas indigentes y sin seguro médico, manteniendo una operación con amplio criterio social. El Dr. Trillas atendió a 54,087 pacientes días en 2016.
    Otros impactos recaen sobre los beneficiarios de los servicios de extensión universitaria a la comunidad, tales como el Servicio de Extensión Agrícola (SEA), los cuales llegan a 175,290 personas. El Programa Sea Grant, que es la investigación, educación y asesoría marina con el fin de promover la conservación y el uso sustentable de los recursos marinos y costeros en Puerto Rico, Islas Vírgenes Estadounidenses y el Caribe, La Red Sísmica en la UPRM, que es el centro líder en el monitoreo, alerta e información, investigación y educación de terremotos y tsunamis en el Caribe y en todo Puerto Rico, con mayor atención a la población costera estimada en 2.8 millones. Brinda servicios de apoyo a las comunidades, entre estas, la Corporación del Caño Martin Peña. Su postura ante los issues de Puerto Rico, de cualquier índole,son altamente consultados y respetados.
    La UPR no sólo beneficia a 60 mil estudiantes, sino que es esencial para todo un País.

    Por lo tanto, en virtud de la Sección 201 inciso (B) de la ley federal PROMESA, se solicita se designe como “servicios públicos esenciales” a la Universidad de Puerto Rico (UPR). Esta Sección 201 dispone que se deben “asegurar las asignaciones de los servicios públicos esenciales”.

  • Jowie Arlene Nieves

    Es claro que la educación es un servicio esencial