Demandan a JCF y al Gobierno en Tribunal Federal por recorte UPR

Por: Víctor Torres Montalvo / Twitter: @motinsitepegas
Foto: Gabriel Ramos/Pulso Estudiantil

En busca de que se anule el plan fiscal certificado para la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Asociación de Profesoras y Profesores del Recinto Universitario de Mayagüez (APRUM) radicó ayer una demanda en el Tribunal Federal de Distrito en San Juan en contra de la Junta de Control Fiscal (JCF) y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

El documento legal presentado ante Laura Taylor Swain —la jueza encargada de la quiebra que la administración de Rosselló Nevares solicitó— no es en carácter oficial de la institución, pero exige que se proteja a la UPR como un “servicio esencial al país”, que se invalide el plan fiscal por “amenazar su estabilidad fiscal” y que se enmiende el presupuesto aprobado para el año fiscal en curso para que se “garantice la continuidad de los servicios educativos y su impacto como motor de vitalidad económica y movilidad social de las clases desventajadas del país”.

La APRUM, representada por los licenciados Rolando Emmanuelli Jiménez y Yasmin Colón Colón, especificó que la demanda va dirigida a Natalie Jaresko, de la JCF, y que incluyeron a Gerardo Portela Franco, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf); a Raúl Maldonado Gautier, secretario del Departamento de Hacienda; y a José Marrero Rosado, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

“Así lo reconocieron recientemente el presidente de la JCF, José B. Carrión III, y otros funcionarios del gobierno”, recordó Emmanuelli Jiménez en un comunicado de prensa, a la vez que informó que Manuel Laboy, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), recientemente incluyó a la UPR —en particular al Recinto de Mayagüez— como un “socio”indispensable” en diversas iniciativas de desarrollo económico para la isla.

Mediante declaraciones escritas, ambos abogados argumentaron que, bajo el Título III de Promesa, el presupuesto impuesto a la UPR para el año fiscal 2018 “viola varias de las disposiciones de la ley”.

Sustentada en estudios de reconocidos economistas del país, como Alfredo González y José Alameda, la APRUM busca demostrar que la recuperación económica del país —y la capacidad de que el gobierno recaude más dinero— “dependen directamente de una sostenida y adecuada inversión en la UPR”. Indicaron que los estudios muestran “graves” consecuencias para la población y para la capacidad de pago de la deuda si se continúan con los recortes.

 

En esos estudios, se detalla lo siguiente:

  • Que los $201 millones en reducción a la UPR se traducen a $47 millones de reducción en UPR Mayagüez. Esto reduciría, a su vez, por 155 los profesores a tiempo completo y por siete los a tiempo parcial.
  • Que el presupuesto aprobado tiene partidas “poco explicadas” para generar más recaudos a la UPR.
  • Que la UPR es acreedor del gobierno porque, entre 2004 y 2015, no recibió unos $303 millones por servicios prestados al gobierno, planes médicos y muncipios.
  • Que no hay ninguna institución privada en la isla que tenga las herramientas para asumir los servicios que provee la UPR.

 

“La Universidad de Puerto Rico es uno de los servicios esenciales que ofrece el gobierno de Puerto Rico a la población y constituye, además, un instrumento de inversión indispensable para promover el crecimiento económico del país”, expresó Emmanuelli Jiménez.

El pasado 1 de julio la academia pública perdió $162 millones de su dinero operacional.

El doctor Marcel Castro Sitiriche, presidente de la APRUM, avisó que al ser la UPR un “servicio esencial” la ley Promesa ya protege sus finanzas.

“Es esencial para aquellos que dependen de su oferta educativa de calidad, de los que se benefician de sus múltiples programas de extensión, de los que se atienden en hospitales donde labora su facultad médica y de los que cuentan con servicios como la Red Sísmica para su seguridad”, destacó, entretanto señaló que a los acreedores les debe preocupar igual que a la comunidad universitaria porque la UPR es “imprescindible” para la economía del país.

En días recientes, la Junta de Gobierno (JG) de la institución se conformó oficialmente y crearon el Comité de Asuntos Financieros para trabajar el plan fiscal de la UPR. Precisamente el representante de la Aafaf ante esc cuerpo de gobernanza, Alejandro Camporreale, estará en ese grupo junto a Gloria Butrón Castielli, representante claustral; Zoraida Buxó Santiago, vicepresidenta interina de la JG; y Gilberto Domínguez Escalera, representante estudiantil graduado.

No obstante, mientras la silla presidencial de la JG la llenó el abogado Walter Alomar Jiménez, el puesto de presidencia interina sigue vacante hasta nuevo aviso.

[Con Anejos] Demanda APRUM v Junta de Control Fiscal y otros by Victor Torres on Scribd